Madrid, 20 julio de 2022.- Las principales asociaciones de vehículos con conductor de España, Unauto y Feneval, han enviado este martes a la Comisión Europea una carta solicitando un procedimiento de infracción contra el Reino de España por infringir el principio de libertad de establecimiento en el mercado del VTC, detallada en el art. 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Comunicación de la Comisión sobre un transporte local de pasajeros bajo demanda que funcione correctamente y sea sostenible (taxis y VTC) 2022/C 62/01.
En esta carta, la patronal detalla el riesgo de desaparición del sector en Cataluña que, con el decreto 9/2022 del 5 de julio, expulsa del mercado a la mayoría de las licencias actuales, mantiene las restricciones ya existentes (15 minutos de espera antes del comienzo del servicio, prohibición a sistemas de geolocalización o la prohibición de estacionar en la vía pública) e incluso introduce otras todavía más desproporcionadas como, por ejemplo, haber prestado más de 100 servicios en el último año, o la introducción de un límite al tamaño de los vehículos que deja fuera al 90 % de las flotas actuales.
La misiva describe, además, cómo dichas regulaciones contradicen las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de regulación del sector del taxi y VTC, así como a la competencia y a los principios de buena regulación económica de los mercados según la Autoridad Catalana de Competencia. En palabras de la propia ACCO, “existen riesgos de que las previsiones del Decreto ley 9/2022 resulten contrarias a la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
Cabify mantiene su vocación de seguir operando en Barcelona mientras analiza opciones para adaptarse a la nueva regulación
La compañía española de multimovilidad mantiene su vocación de seguir operando en Barcelona, tal y como lleva haciendo desde hace 10 años, a pesar de todas las trabas que ha encontrado en este viaje
Cabify sigue estudiando cómo adaptarse a una regulación que promueve la práctica eliminación de un sector que aporta soluciones de movilidad a más de un millón de usuarios, y actualmente elimina la circulación de más de 350.000 coches al mes de las calles de Barcelona y su área metropolitana
También ayudará a que las flotas conectadas a su plataforma puedan seguir ofreciendo un servicio de calidad a usuarios y empresas
A pesar de su intención, alerta de que las restricciones contempladas en el Decreto Ley de la Generalitat dificultan gravemente el desarrollo del sector, lo que pone en peligro unas inversiones estimadas en más de 150 millones de euros de la compañía y sus proveedores y miles de puestos de trabajo
La escasez de vehículos en el mercado que cumplan con las injustificadas características impuestas por la regulación supone un obstáculo prácticamente insalvable con los plazos establecidos
Barcelona, 18 de julio de 2022. La empresa española de multimovilidad Cabify continúa analizando cómo adaptarse a una regulación en Cataluña que supone la práctica eliminación del sector VTC, un sector liderado por Cabify en Barcelona que aporta soluciones de movilidad a más de un millón de usuarios, y que evita que más de 350.000 coches particulares circulen al mes por las calles de la ciudad y su área metropolitana.
La compañía mantiene su vocación de seguir operando en Barcelona, tal y como lleva haciendo desde hace 10 años, lo que refleja su compromiso con la ciudad. Cabify se ha adaptado a la normativa vigente en cada momento, a pesar de las dificultades que ha encontrado en el camino, ofreciendo un servicio de calidad para usuarios, visitantes y empresas de la ciudad, contribuyendo a una movilidad más sostenible en Barcelona. De hecho, en base a miles de respuestas de usuarios que puntúan su experiencia tras cada viaje, la calidad media del servicio de VTC de Cabify en Barcelona se sitúa en 9,6 sobre 10, siendo una de las ciudades con mejor valoración.
Cabify es una plataforma que aprovecha la tecnología como una herramienta clave para mejorar la movilidad en las ciudades. En este sentido, Cabify ha aportado valiosas soluciones para los usuarios y conductores colaboradores, y sigue desarrollando su aplicación. Por ejemplo, actualmente un VTC conectado a la plataforma de Cabify realiza unos dos viajes por hora aproximadamente. Esto supone que más del 70% del tiempo el coche está ocupado, mientras que este porcentaje se reduce sensiblemente en el caso de los taxis tradicionales que no utilizan aplicaciones, hasta situarse en el entorno del 40%. Es decir, casi duplica el uso del vehículo, lo que reduce los trayectos sin pasajeros y las consecuentes emisiones. A ello hay que añadir los desarrollos en materia de seguridad de la aplicación, diseñados para usuarios y conductores.
Además, Cabify ha impulsado importantes avances en materia de sostenibilidad en la ciudad. Actualmente, más del 70% de los coches conectados a la plataforma de Cabify tienen etiqueta ECO o Cero, una cifra 20 veces mejor que la media del parque móvil de Barcelona, ya que sólo el 3,4% del total de turismos matriculados en Barcelona tienen etiqueta ECO o Cero[1].
150 millones de euros en nuevas inversiones, en juego
La compañía continúa avanzando en el camino hacia la electrificación, de acuerdo a su Estrategia de Negocio Sostenible. En esta línea, se ha marcado el objetivo de que el 100% de los viajes que se realicen a través de la plataforma sea en vehículos cero emisiones en 2025 en España y en 2030 a nivel global. Relacionado con ello, Cabify planificaba la renovación íntegra su flota para cumplir con estos objetivos, una inversión prevista en más de 100 millones de euros en los próximos 3 años, a los que hay que sumar más de 50 millones de inversión de otros autónomos y empresas colaboradoras del sector VTC, impulsados gracias a la actividad de Cabify. En total, 150 millones de euros que el nuevo Decreto Ley pone en peligro.
Las condiciones que impone el Decreto Ley suponen una barrera prácticamente insalvable para el sector, además con unos plazos imposibles de cumplir. En este sentido, por ejemplo, la escasez de vehículos en el mercado que cumplan con unas medidas completamente arbitrarias estipuladas en una longitud mínima de 4,90 metros es un requisito injustificado y exclusivamente diseñado para acabar con un sector que aporta soluciones de movilidad a ciudadanos, empresas y visitantes. Como ejemplo, en 2021 se matricularon en España 859.477 turismos y todoterrenos en España[2]. De todos ellos, sólo se matricularon 8.544 coches con la etiqueta ECO o Cero y una longitud de más de 4,90 metros, según datos de Ideauto, lo que supone un 0,99% del total. Es decir, menos del 1% de los coches vendidos en España en 2021 cumplen con los desproporcionados requisitos de la Generalitat, con una regulación que pretende limitar a la VTC a un servicio para unos pocos, relacionado con el lujo o la gama alta en lugar de pensar en el bienestar de los ciudadanos y la movilidad de toda la sociedad.
Patronales y sindicatos también han señalado la alarma social que supone la destrucción de un sector que genera empleo para miles de personas en Barcelona y que se encuentra en plena recuperación de la actividad. El nuevo Decreto Ley, que previsiblemente se convalida esta semana en el Parlament, supone también un golpe a la libre elección de los ciudadanos a la hora de realizar sus desplazamientos y va en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y de la voluntad de la mayoría de los barceloneses. Una encuesta reciente desvelaba que tres de cada cuatro ciudadanos de Barcelona y el área metropolitana se muestran favorables a que haya una regulación que permita la convivencia entre taxis y VTC.
El pasado jueves 14 de julio, el MITMA dio a conocer las nuevas ayudas a las empresas de transporte ante la crisis energética y la guerra de Ucrania. Unauto VTC valora con moderada satisfacción estas ayudas. «Aunque no sirven para amortiguar el impacto en nuestro sector de la crisis que venimos arrastrando, si, al menos, pueden servir para mitigar sus consecuencias», afirma José Manuel Berzal, presidente de UNAUTO VTC.
Raquel Sánchez ha anunciado la tramitación urgente en forma de Real Decreto Ley de la norma que asegurará que los transportistas trabajen a un precio justo. El proyecto de ley se tramitará como Real Decreto Ley y será aprobado en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto debido al fuerte impacto en el sector de la guerra de Rusia contra Ucrania.
• El nuevo texto legal recoge una nueva convocatoria de ayudas directas a las empresas de transporte de unos 450 millones de euros. Se incluyen por primera vez a los autobuses urbanos.
• El Real Decreto Ley recoge disposiciones para asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista y garantizar una utilización justa de la subcontratación.
• La ministra ratifica el compromiso del Gobierno con un sector esencial, adoptando nuevas medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes.
“Uno de nuestros compromisos con el transporte de mercancías por carretera es la adopción de un texto de proyecto de ley para aplicar al sector los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria y garantizar que los transportistas puedan trabajar por un precio justo. Pues bien, coincidimos con el sector en que esta medida no puede esperar y les anuncio que vamos a tramitarla de forma urgente en forma de Real Decreto Ley para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto”, ha explicado Raquel Sánchez en ueda de prensa tras la reunión celebrada con la Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el iércoles por la tarde, en la que se alcanzaron varios acuerdos.
No en vano, el Comité solicitó acelerar la aprobación y entrada en vigor de las medidas ante el deterioro de la situación y el alza de los costes. El acuerdo alcanzado en marzo comprometía al Ministerio a presentar al Comité antes del 31 de julio de 2022 el citado proyecto de ley, con el que se busca aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria.
“El Gobierno expresa de nuevo su compromiso con un sector esencial, adoptando nuevas medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes, y con medidas coyunturales relacionadas con la situación derivada de la guerra en Ucrania y sus efectos en el sector del transporte”, ha explicado la ministra.
“En este escenario, entendemos necesario seguir adoptando medidas para proteger a la ciudadanía y a nuestras empresas. Porque momentos excepcionales como los que vivimos exigen medidas excepcionales que combatan la subida de precios, reduzcan nuestra dependencia energética, faciliten la transición ecológica y protejan a las clases medias y trabajadoras”, ha defendido Raquel Sánchez ante los medios de comunicación.
Medidas estructurales El nuevo texto legal recogerá disposiciones para asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista, en aquéllos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios en esta materia. Adicionalmente, se está valorando revisar la regulación de la subcontratación en el sector para evitar una utilización abusiva de la misma y sus efectos perniciosos sobre el transportista efectivo, que ve mermada su retribución de forma injustificada por esta cuestión. También se incluirá la obligación de realizar los contratos por escrito.
Ayudas al sector En paralelo a las medidas estructurales, el Real Decreto-Ley habilita una nueva convocatoria de ayudas directas para las empresas de transporte, en línea con las recogidas en el RD-Ley 6/2022, de 29 de marzo. Así, se aprobará un crédito de unos 450 millones de euros para ayudar al sector a paliar los efectos negativos de la crisis energética debido a su alta dependencia del precio del combustible. La primera edición recibió 140.000 solicitudes de ayuda.
Estas subvenciones directas, que se darán por número y tipo de vehículo, incluyen como novedad que serán extensibles a los autobuses urbanos, con 950 euros de ayuda por vehículo. En los demás tipos de vehículos se seguirá el esquema aprobado en la edición anterior:
Taxis y VTC: 300 euros por vehículo.
Camiones (mercancías pesados): 1.250 euros por vehículo.
Furgoneta (mercancías ligero): 500 euros por vehículo.
Autobús: 950 euros por vehículo.
Ambulancia: 500 euros por vehículo.
Asimismo, se introducirá una habilitación para que todas aquellas administraciones que así lo deseen, para garantizar la prestación de los servicios de transporte, puedan realizar un reequilibrio de sus contratos de transporte por autobús para poder compensar los costes extraordinarios que la subida del precio del combustible ha originado en estos contratos, aplicable tanto aquéllos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar o transporte sanitario.
En el caso del ámbito competencial del Ministerio, se habilitará también una metodología y partida específica para realizar este reequilibrio durante el primer semestre de este año, así como una previsión de un nuevo reequilibrio si la situación de precios de combustible se mantiene en el segundo semestre.
Sector estratégico El nuevo paquete de ayudas directas al sector, incluido en el Real Decreto Ley de apoyo al transporte que busca garantizar un precio justo, se suma a las medidas ya recogidas en el Real Decreto del pasado 1 de marzo y que destinaron 1.000 millones de euros para esta actividad estratégica.
• Ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasolina, que se ha ampliado hasta el 31 de diciembre, para mitigar de forma inmediata la subida del precio de los combustibles
Se regula la jornada laboral de los trabajadores de la VTC de Málaga reduciéndola hasta las 1776 horas anuales. Se contempla un incremento salarial de un 5,14 % para 2022 y de un 3% para 2023, así como importantes mejoras sociales.
Madrid, 8 de julio de 2022.- Unauto VTC, FENEVAL y AE VTC Andalucía, junto con el Sindicato Libre de Transporte, mayoritario en la provincia, ha acordado y firmado el Convenio Colectivo de transporte de pasajeros de la provincia de Málaga para el sector de la VTC, es decir, para los vehículos de turismo mediante arrendamiento con conductor.
Las negociaciones se iniciaron en enero de este mismo año y han sido varias las reuniones mantenidas hasta alcanzarse el acuerdo que regulará a los trabajadores de este sector en la provincia andaluza. De hecho, Málaga no contaba con un reglamento regulador de las condiciones laborales para los trabajadores del sector de las VTC.
“Este texto mejora sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores del sector en todos los aspectos: regulación de jornada de trabajo reduciéndola hasta las 1776 horas anuales, incremento salarial de un 5,14 % para 2022 y de un 3% para 2023, así como importantes mejoras sociales. El Convenio ha sido firmado para este año y para el 2023”, afirman desde el SLT.
Málaga es la provincia de Andalucía con mayor número de trabajadores en el sector VTC. Cuenta con unos 2.000 profesionales repartidos en unas 300 empresas.
“Este punto de inflexión para las VTC de Andalucía supone un importante avance y materializa la responsabilidad de empresarios y trabajadores para asentar a futuro el sector del alquiler de vehículos con conductor”, afirma José Manuel Berzal, presidente de UNAUTO VTC.
Y añade, “actualmente también estamos en negociaciones para un Convenio Colectivo de ámbito Estatal que regule en todos los lugares donde no existan convenios provinciales o autonómicos. En lo que respecta a Andalucía estamos seguros de que, en breve, como así nos trasladó la Administración competente, se regulará este sector adecuadamente para afianzar un largo futuro a los trabajadores andaluces de la VTC”.
La patronal está estudiando medidas para seguir luchando por los intereses del sector de la VTC
El pasado 5 de julio se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña, del Decreto Ley 9/2022, de medidas urgentes en materia de alquiler de vehículos con conductor.
Madrid, 5 de julio. «Hoy, tenemos que reconocer, es un día triste para nuestro sector en Cataluña, y en todas las CC.AA., ya que se ha consumado la publicación de un Decreto Ley que tiene como objetivo prioritario que no podamos operar, como lo venimos haciendo hasta ahora, aunque con precariedad, en Barcelona y Cataluña», afirma José Manuel Berzal, presidente de UNAUTO VTC. Del articulado de la ley se desprende que ha sido aprobada con el fin de limitar la actividad de las VTC en Cataluña.
«En UNAUTO- VTC llevamos tiempo trabajando, tanto en Cataluña, como en todas las CC.AA, con rigor y en constante diálogo con las diferentes administraciones, grupos políticos y otros organismos, para poder afrontar un escenario necesariamente positivo a partir del 28/09/22, momento en el que entra en vigor el Decreto Ábalos. Ahora nos encontramos con el rechazo de nuestros planteamientos por el Gobierno de la Generalitat y en especial por aquellos partidos políticos que apuestan por tomar decisiones en contra de la libertad individual y colectiva de los catalanes», afirma Berzal.
«Como sector y como patronal no hemos conseguido nuestros objetivos, pero también hoy es un día especialmente triste para la sociedad catalana ya que su legítimo Gobierno ha apostado por decretar en contra de un sector, el de la VTC, demandado mayoritariamente por consumidores y usuarios, por los catalanes en general y por el turismo que ha vuelto, como en el resto de España, a ser el mejor exponente de reactivación económica en especial en Barcelona», aclara el presidente de la patronal.
«Somos un sector en todo el territorio nacional que representamos la movilidad moderna, integrada, digital, segura y sostenible; motor de la reactivación económica y uno de los mejores ejemplos de innovación a nivel general y aportamos, hasta la fecha, soluciones inmediatas de movilidad y prestigio social», J.M. Berzal.
«Todo esto no ha sido entendido por un Gobierno que apuesta por retroceder, por anclarse en el pasado, no respetando libertades, no aceptando nuestro modelo de servicio y legislando en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea, la CNMC, y la propia Autoridad Catalana de la Competencia».
Y añade, «el mismo Gobierno que reafirma, con esta decisión, que está en contra de autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas que han creado miles de puestos de trabajo, directos e indirectos y que ahora están en riesgo e imposibilitando la generación de empleo y la profesionalización de un sector demandado y consolidado».
«Estamos estudiando con rigor las medidas a tomar»
«En UNAUTO-VTC, como siempre hemos hecho y vamos a seguir haciendo, respetamos, como no podría ser de otra manera, la decisión adoptada, aunque en ningún caso vamos a tirar la toalla, ya que vamos a seguir trabajando para que más pronto que tarde impere el sentido común y se puedan adoptar medidas que nos puedan rehabilitar para conseguir aquello que legítimamente consideramos justo y necesario».
En este sentido afirma Berzal: «estamos estudiando en profundidad los términos del Decreto y sus consecuencias y sin prisa, pero sin pausa, os informaremos de todos aquellos aspectos que os puedan ser útiles para resolver vuestras dudas».
En nombre de las Juntas Directivas de UNAUTO-VTC de Cataluña y España, os ruego respeto y prudencia, confianza en la patronal y en las decisiones que vayamos adoptando; así como cumplimiento de las normas como siempre hacemos.
Nuestro objetivo no es perjudicar a nadie
«Desde UNAUTO VTC no vamos a faltar al respeto a nadie, ni vamos a ejercer ningún tipo de presión que perjudique a nadie, ni a nivel individual ni colectivo, ni tampoco vamos a contestar a aquellos, los menos, que nos descalifican. Tampoco vamos a ver como enemigos al sector del Taxi, al que respetamos como los compañeros de viaje que tenemos que ser, porque a pesar de estas vicisitudes, tenemos que converger y convivir y afrontar juntos los grandes retos de la movilidad que tenemos por delante«.
