Las exigencias del taxi a la Junta condenarían al sector de la VTC a su desaparición
● Las exigencias de los taxistas a la Junta de Andalucía pasan por replicar el modelo aprobado en Cataluña, lo que implicaría la eliminación de un 25% del servicio al público en la Región.
● Las exigencias de los taxistas son contrarias a las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de movilidad y sostenibilidad.
● Si la Junta de Andalucía acepta las imposiciones de los taxistas seguiría la senda de Cataluña donde el sector VTC está casi desaparecido y se producen largas colas de espera a taxis y autobuses.
● UGT alerta sobre la situación y declara que defenderá a los más de 8.500 trabajadores del sector VTC en Andalucía.
Sevilla, 9 de septiembre de 2022.– Ante los inminentes cambios en la regulación de la VTC que va a llevar a cabo la Consejería de Transportes de la Junta de Andalucía, obligados por la retirada de sus competencias en la materia que ha llevado a cabo el Gobierno de España, los taxistas están ejerciendo todo tipo de presiones para la definitiva supresión de los servicios públicos de transporte urbano de viajeros en vehículos VTC.
Dichas presiones para eliminar estos servicios públicos a los usuarios de la movilidad andaluza, consisten, entre otras, en el establecimiento de restricciones desproporcionadas en la operativa del sector que podrían, como mínimo, eliminar el 25% de los servicios que actualmente disfrutan los usuarios en Andalucía, con la extinción de hasta 8.500 puestos de trabajo y un importante daño a la economía de la región.
Las asociaciones de alquiler de vehículos VTC de Andalucía, ANDEVAL y UNAUTO VTC, junto con el Sindicato UGT, ya han alertado sobre los efectos que dichas medidas tendrían sobre un sector del que dependen más de 8.500 empleos en la región.
Las restricciones que está proponiendo a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda el sector del taxi contempla, entre otras, el establecimiento de una longitud mínima para los vehículos VTC, un tiempo mínimo de precontratación, como en Cataluña, y la obligatoriedad de que las autorizaciones hayan prestado servicio durante los últimos 12 meses.
Todas estas restricciones no sólo son contrarias al interés general y ponen en peligro miles de puestos de trabajo, estando únicamente dirigidas a contentar al sector del taxi tras su protesta, sino que además son de dudosa constitucionalidad al implicar el cierre arbitrario de empresas y el establecimiento de límites a la gestión de las mismas, propios de países ajenos al entorno de la Unión Europea.
El impacto negativo de estas limitaciones a la oferta de servicios del sector VTC se resume a continuación:
● La destrucción de empleo y, en última instancia, la eliminación encubierta del sector. Dichas medidas ya se implementaron en Cataluña este verano con efectos devastadores en el sector, que verá eliminadas gran parte de las casi 3.000 licencias de la región ante la imposibilidad de cumplir con ambas exigencias.
● El pago de indemnizaciones millonarias, que saldrán del bolsillo de los contribuyentes. En Cataluña las mismas alcanzarían los 432 millones de euros, según un análisis realizado por Ernst & Young, y en Andalucía la cantidad ascendería a 370 millones de euros.
● La reducción de oferta de movilidad en Andalucía tendrá un efecto perjudicial sobre el turismo y la hostelería, la imagen de la región y la experiencia de movilidad de los visitantes. Esto es esencial en la comunidad de Andalucía, donde el turismo representa un importante motor de crecimiento económico y generación de empleo.
● El desafío a la Comisión Europea, cuyas recientes indicaciones para la regulación del transporte compartido, son claras con respecto a la eliminación de barreras y requisitos que puedan perjudicar el acceso de los conductores a la profesión o la supresión de normativas obsoletas, contrarias a los objetivos ambientales de la UE.
● El empeoramiento de la calidad y encarecimiento de los servicios de movilidad para los ciudadanos andaluces. Según la última encuesta de Metroscopia, casi la mitad de los ciudadanos andaluces afirman ser usuarios habituales de servicios VTC. De hecho, el 85% de los andaluces apoya que la Junta de Andalucía regule las licencias VTC para garantizar la supervivencia del sector y ocho de cada diez opinan que se debería permitir que taxis y VTCs prestaran servicio en igualdad de condiciones flexibilizando al taxi y no restringiendo la actividad de la VTC.
Según Ignacio Manzano, presidente de ANDEVAL: “Es una buena noticia que la Junta de Andalucía haya decidido aprobar una regulación para un sector que usan casi la mitad de andaluces y que da empleo estable a 8.500 personas. No obstante, lo preocupante es que el taxi esté ejerciendo presión para implantar ciertas restricciones arbitrarias, cuya finalidad sería la limitación de la actividad del sector y, en última instancia, su destrucción encubierta. Dichas medidas, específicamente el establecimiento de una longitud mínima de los vehículos o la necesidad de que hayan estado operando durante los últimos 12 meses, mientras hemos sufrido una situación de pandemia y restricciones a la movilidad, son excesivas y no pretenden sino reducir al mínimo la actividad de la VTC en Andalucía”.
Jose Manuel Berzal, presidente de UNAUTO, añade: “La introducción de un tiempo mínimo de precontratación a las VTC por parte de la Junta de Andalucía supondría la quiebra y desaparición del sector y de sus miles de puestos de trabajo. Cabe añadir que esta restricción ha sido ya declarada ilegal por tres Tribunales Superiores de Justicia y es completamente contraria a los principios liberales que afirma defender el Partido Popular”.
Según Juan Antonio González Marín, Secretario Regional de Acción Sindical de FeSMC UGT Andalucía: “Ante nuestra preocupación por las noticias que nos llegan del peligro que corre esta actividad, queremos manifestar, que apoyaremos y sostendremos nuestra defensa de cualquier iniciativa que beneficie a cualquier trabajador ó trabajadora de este sector, y para ello, impulsaremos una regulación Proporcionada que haga crecer y prosperar al sector y continúen creando puestos de trabajo en Andalucía”.
Asimismo, el presidente de la Mesa de Turismo Juan Molas ha afirmado, en relación a los efectos positivos de la existencia del sector VTC sobre el turismo y la experiencia del viajero: “Desde la Mesa del Turismo de España instamos a la Junta de Andalucía a que dé respuesta a la necesidad urgente e inaplazable de regular las VTC, dejando de lado restricciones que, además de empeorar la calidad de la movilidad y la imagen de la región ante los turistas que nos visitan cada año, como ha sucedido en regiones extremadamente restrictivas con la VTC como Baleares, Valencia o Cataluña, también perjudican a los miles de andaluces que demandan este servicio y a las más de 8.500 personas que emplea el sector en la región”.
Por último las exigencias del sector del taxi para limitar la implantación de servicios digitales como los que comercializan las VTC, choca con las políticas andaluzas, españolas y europeas de digitalización y modernización de la industria y los servicios, para las que están además destinados cuantiosos fondos públicos. “Los taxistas no pueden exigir la paralización de los servicios digitales, sino que deben actualizarse y obtener las ayudas públicas necesarias”, apostilló Berzal.
Según Julio Muñoz Rejas, Secretario General del Sindicato Libre de Transportes (SLT): “Se ha demostrado claramente que el servicio prestado por las VTC es totalmente compatible con otros modos de transporte, como el taxi, por lo que una regulación que dé seguridad jurídica a los trabajadores es absolutamente necesaria”
