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Unauto valora con moderada satisfacción las ayudas aprobadas por el Gobierno

El pasado jueves 14 de julio, el MITMA dio a conocer las nuevas ayudas a las empresas de transporte ante la crisis energética y la guerra de Ucrania. Unauto VTC valora con moderada satisfacción estas ayudas. «Aunque no sirven para amortiguar el impacto en nuestro sector de la crisis que venimos arrastrando, si, al menos, pueden servir para mitigar sus consecuencias», afirma José Manuel Berzal, presidente de UNAUTO VTC.

Raquel Sánchez ha anunciado la tramitación urgente en forma de Real Decreto Ley de la norma que asegurará que los transportistas trabajen a un precio justo. El proyecto de ley se tramitará como Real Decreto Ley y será aprobado en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto debido al fuerte impacto en el sector de la guerra de Rusia contra Ucrania.

• El nuevo texto legal recoge una nueva convocatoria de ayudas directas a las empresas de transporte de unos 450 millones de euros. Se incluyen por primera vez a los autobuses urbanos.

• El Real Decreto Ley recoge disposiciones para asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista y garantizar una utilización justa de la subcontratación.

• La ministra ratifica el compromiso del Gobierno con un sector esencial, adoptando nuevas medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes.

Uno de nuestros compromisos con el transporte de mercancías por carretera es la adopción de un texto de proyecto de ley para aplicar al sector los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria y garantizar que los transportistas puedan trabajar por un precio justo. Pues bien, coincidimos con el sector en que esta medida no puede esperar y les anuncio que vamos a tramitarla de forma urgente en forma de Real Decreto Ley para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto”, ha explicado Raquel Sánchez en ueda de prensa tras la reunión celebrada con la Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el iércoles por la tarde, en la que se alcanzaron varios acuerdos.

No en vano, el Comité solicitó acelerar la aprobación y entrada en vigor de las medidas ante el deterioro de la situación y el alza de los costes. El acuerdo alcanzado en marzo comprometía al Ministerio a presentar al Comité antes del 31 de julio de 2022 el citado proyecto de ley, con el que se busca aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria.

“El Gobierno expresa de nuevo su compromiso con un sector esencial, adoptando nuevas medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes, y con medidas coyunturales relacionadas con la situación derivada de la guerra en Ucrania y sus efectos en el sector del transporte”, ha explicado la ministra.

“En este escenario, entendemos necesario seguir adoptando medidas para proteger a la ciudadanía y a nuestras empresas. Porque momentos excepcionales como los que vivimos exigen medidas excepcionales que combatan la subida de precios, reduzcan nuestra dependencia energética, faciliten la transición ecológica y protejan a las clases medias y trabajadoras”, ha defendido Raquel Sánchez ante los medios de
comunicación.

Medidas estructurales
El nuevo texto legal recogerá disposiciones para asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista, en aquéllos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios en esta materia. Adicionalmente, se está valorando revisar
la regulación de la subcontratación en el sector para evitar una utilización abusiva de la misma y sus efectos perniciosos sobre el transportista efectivo, que ve mermada su retribución de forma injustificada por esta cuestión. También se incluirá la obligación de realizar los contratos por escrito.

Ayudas al sector
En paralelo a las medidas estructurales, el Real Decreto-Ley habilita una nueva convocatoria de ayudas directas para las empresas de transporte, en línea con las recogidas en el RD-Ley 6/2022, de 29 de marzo. Así, se aprobará un crédito de unos 450 millones de euros para ayudar al sector a paliar los efectos negativos de la crisis energética debido a su alta dependencia del precio del combustible. La primera edición recibió 140.000 solicitudes de ayuda.

Estas subvenciones directas, que se darán por número y tipo de vehículo, incluyen como novedad que serán extensibles a los autobuses urbanos, con 950 euros de ayuda por vehículo. En los demás tipos de vehículos se seguirá el esquema aprobado en la edición anterior:

  • Taxis y VTC: 300 euros por vehículo.
  • Camiones (mercancías pesados): 1.250 euros por vehículo.
  • Furgoneta (mercancías ligero): 500 euros por vehículo.
  • Autobús: 950 euros por vehículo.
  • Ambulancia: 500 euros por vehículo.

Asimismo, se introducirá una habilitación para que todas aquellas administraciones que así lo deseen, para garantizar la prestación de los servicios de transporte, puedan realizar un reequilibrio de sus contratos de transporte por autobús para poder compensar los costes extraordinarios
que la subida del precio del combustible ha originado en estos contratos, aplicable tanto aquéllos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar o transporte sanitario.

En el caso del ámbito competencial del Ministerio, se habilitará también una metodología y partida específica para realizar este reequilibrio durante el primer semestre de este año, así como una previsión de un nuevo reequilibrio si la situación de precios de combustible se mantiene en el
segundo semestre.

Sector estratégico
El nuevo paquete de ayudas directas al sector, incluido en el Real Decreto Ley de apoyo al transporte que busca garantizar un precio justo, se suma a las medidas ya recogidas en el Real Decreto del pasado 1 de marzo y que destinaron 1.000 millones de euros para esta actividad estratégica.

• Ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasolina, que se ha ampliado hasta el 31 de diciembre, para mitigar de forma inmediata la subida del precio de los combustibles

El Gobierno financia la reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje para fomentar el transporte público

Se trata de una medida que fomenta el uso del transporte público colectivo en la movilidad obligada cotidiana y reduce su coste para el ciudadano en una coyuntura extraordinaria de incremento de los precios de la energía y de los combustibles.

25-06-2022. El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha aprobado un Real Decreto-ley 25/2022 que incluye ayudas directas del 50% en los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios prestados por Renfe sometidos a Obligaciones de Servicio Público (Cercanías, Media Distancia y Avant), así como a los títulos multiviaje de las concesiones estatales de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera, que se adquieran en ese periodo y en las mismas condiciones.

El Gobierno financiará también una reducción de un 30 por ciento el precio de todos los abonos y títulos multiviaje en los servicios de transporte público colectivo terrestre de competencia autonómica o local, vendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, y cuya vigencia se enmarque en dicho período.

Se trata de una medida que fomenta el uso del transporte público colectivo en la movilidad obligada cotidiana, como medio de transporte más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el coche particular, y reduce su coste para el ciudadano en una coyuntura extraordinaria de incremento sostenido de los precios de la energía y los combustibles.

Las ayudas se concederán a las comunidades autónomas y entidades locales que se comprometan a implantar una reducción del precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, de los servicios de transporte terrestre de su competencia, en un  porcentaje de un 30% respecto al vigente a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con las limitaciones que se establezcan por Orden Ministerial de la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En el caso de abonos de transporte de carácter anual que hayan sido adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, la administración competente podrá decidir si habilita un sistema para permitir la devolución al usuario de la parte proporcional que corresponda al 30% del periodo de cuatro meses.

La distribución de las ayudas entre las comunidades autónomas y entidades locales se llevará a cabo mediante los criterios objetivos de demanda, de oferta o de población que se determinen en la metodología que se aprobará por Orden Ministerial de la persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana antes del 15 de julio de 2022, y que será publicada en la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La reducción de tarifas también será aplicable a los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios prestados por Renfe sometidos a Obligaciones de Servicio Público (Cercanías, Media Distancia y Avant). En el caso de los  servicios competencia de la Administración General del Estado la medida es de aplicación obligatoria, así como en las concesiones estatales de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera, para los billetes multiviaje, excluido el ida y vuelta, que se adquieran en ambos casos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 y cuya vigencia se enmarque en dicho período. En ambos casos la reducción será del 50%.

Las ayudas son compatibles y acumulables con cualquier otra subvención o ayuda que pueda estarse concediendo a los usuarios del transporte con la finalidad de reducir el precio final de abono de los billetes multiviaje expedidos por los prestadores del servicio.

Estas ayudas se financiarán mediante un crédito extraordinario de 221 millones de euros, siendo en todo caso voluntaria para las administraciones gestoras de los distintos servicios, que dispondrán de los meses de julio y agosto para llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para implementar la reducción del precio a partir del 1 de septiembre.

El impulso al transporte público colectivo

El transporte público colectivo es un modo de transporte esencial, seguro, fiable, cómodo, que es más económico, que evita atascos frente al transporte en vehículo particular, permitiendo además aprovechar ese tiempo de viaje para otros fines.

Por otro lado, es más justo en términos sociales, más inclusivo, tiene un alto impacto positivo en la economía y la industria, y además es una pieza clave para conseguir los objetivos climáticos y de reducción de emisiones de todo tipo, y de mejora de la siniestralidad que nos hemos marcado como sociedad.

Así, y según las estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), las emisiones de CO2 por viajero y kilómetro recorrido varían sustancialmente según el tipo de vehículo que utilicen los ciudadanos para sus desplazamientos. Así, por cada viaje que se traslada del vehículo privado al transporte público colectivo se ahorra, de media, entre un 60% y un 74% de emisiones de CO2 en el caso de que se utilice el autobús, y entre un 73% y un 80% en el supuesto de que el desplazamiento se lleve a cabo en metro o ferrocarril.

Por otro lado, y en cuanto a los accidentes de circulación, las estadísticas y análisis muestran que en los desplazamientos motorizados por carretera el autobús es el medio de transporte más seguro. Así, el índice de mortalidad en las carreteras interurbanas -que guarda relación con las víctimas mortales y la distancia recorrida- es entre 3 y 4 veces menor para los autobuses que para los turismos, sin olvidar el potencial en esta materia del transporte ferroviario.

Si nos centramos en la congestión causada por el  tráfico, esta supone unas pérdidas en cada país de la UE entre el 1% y el 3% del PIB, situación que se agrava de manera local en las ciudades con mayores problemas de congestión (según estudios de UITP, de AECOC y del Parlamento Europeo). Y, desde una perspectiva individual, cada habitante de una ciudad europea sufre de media una pérdida de bienestar de más de 1.250 euros al año debido a la afección a la salud derivada del deterioro de la calidad del aire (Universidad de Delft, octubre 2020 con datos de 2019), y pierde unas 15-25 jornadas de trabajo como consecuencia de los atascos en las grandes ciudades (entre 130 y 250 horas de media, según la urbe europea que se analice, con datos de 2020).

Y es que el transporte público colectivo permite además hacer un uso más eficiente del espacio público y reducir la congestión en las ciudades y en las carreteras de todo tipo. Así, la capacidad de un autobús o un autocar estándar permite transportar a los viajeros de más de 30 vehículos privados, y los medios de transporte colectivos de gran capacidad como el metro o el ferrocarril convencional pueden acoger a cientos de viajeros en un solo convoy.